España – Sistema político
España se estableció como un Estado social y democrático, respetando el Estado de Derecho y abogando por objetivos superiores: establecimiento del orden jurídico, protección de la libertad, la justicia, la igualdad en todos los fundamentos y el pluralismo en la política. El pueblo de España tiene su soberanía nacional, de ella se derivan los poderes del Estado como tal. La monarquía parlamentaria es la forma política del Estado español. El Rey es el símbolo de la unidad y la perseverancia de su país. Como tal, supervisa el funcionamiento diario de las instituciones. En el presente trabajo, investigaré el sistema político de España, sus beneficios y defectos, así como los desafíos futuros planteados frente al país.
Tres autoridades principales
Las tres principales autoridades que ejercen sus competencias en el Estado español son: legislativa, ejecutiva y judicial. El Parlamento español, llamado Cortes Generales, hablando en nombre del pueblo español, ejerce el poder legislativo estatal, aprueba presupuestos, supervisa las acciones de un gobierno y tiene otros poderes y jurisdicciones generales (Rogerdarlington.me.uk de 2017).
El gobierno está a cargo de la política interna y externa, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce el poder ejecutivo y obligatorio en virtud de la Constitución y la ley. El gobierno está encabezado por un primer ministro que fue nombrado por el rey después de ser nominado por el Congreso de eurodiputados. Dirige las actuaciones del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del Gabinete, sin perjuicio de las facultades y responsabilidad directa de estos últimos en el desempeño de sus funciones (Rogerdarlington.me.uk, 2017).
La justicia proviene del pueblo y es gobernada en nombre del Rey por jueces y magistrados del poder judicial. Son independientes, inamovibles y responsables ante la ley. La aplicación del poder judicial queda a criterio exclusivo y es prerrogativa exclusiva de los juzgados y tribunales designados por la ley, de acuerdo con las normas de competencia y el procedimiento definido en la misma.
Sistema político de España
El sistema político español es un sistema multipartidista, pero desde 1990, dos partidos han sido los predominantes en la política: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Los actores regionales, principalmente el vasco (EAJ-Población Palestina) del País Vasco y Convergencia y Alianza (CIP) y el Partido Socialista de Cataluña de Cataluña (CPS), también juegan un papel clave en la política española (Rogerdarlington.me.uk de 2017).
Los miembros del Congreso de los Diputados son elegidos por representación proporcional, y un gobierno está formado por un partido o coalición que tiene la confianza del Congreso, generalmente el partido con el mayor número de escaños. Después de la transición de España a la democracia en el país, no hubo un gobierno de coalición regular. Sin embargo, en el caso de que uno de los partidos no reciba la mayoría absoluta, se forman gobiernos minoritarios (Rogerdarlington.me.uk de 2017).
Los gobiernos regionales operan de acuerdo con un sistema conocido como estado de autonomía, un sistema de gobierno altamente descentralizado basado en la descentralización asimétrica de las “nacionalidades y regiones” que representan a la nación, y en el que la nación conserva la plena soberanía a través del gobierno central.
Mediante el ejercicio del derecho de autogobierno que confiere la Constitución, las “nacionalidades y regiones” se constituyen como 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. La forma de gobierno de cada región autónoma y ciudad autónoma también se basa en el sistema parlamentario en el que el ejecutivo se confía al “presidente” y al Consejo de Ministros, elegidos por y responsables ante un órgano legislativo unicameral.
Poderes del Rey
Según la Constitución Española de 1978, el Rey tiene más poder que los otros monarcas constitucionales europeos. Es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de España y tiene algunos derechos para influir en la vida política del país. Al incorporarse al trono, anunció un rumbo para construir una sociedad democrática en España y prometió ser “el rey de todos los españoles”. El 23 de febrero de 1981, el rey de España evitó personalmente un intento de golpe de Estado por parte de los francos (Rogerdarlington.me.uk de 2017).
Según el artículo 56.1 de la Constitución de España, el Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y estabilidad, árbitro y moderador del funcionamiento de las instituciones, asume la máxima representación del Estado español en las relaciones internacionales, y con las naciones de su comunidad histórica y ejerciendo las funciones expresamente prescritas por la Constitución y las leyes.
El artículo 2 dice que su título es el rey de España, y puede usar aquellos títulos que coincidan con la corona. La personalidad del rey es inviolable y no rinde cuentas. Sus actos se certificarán siempre en la forma establecida en el artículo 64 y serán nulos a falta de dicha certificación, con excepción del apartado 2 del artículo 65.
Si el Rey no puede cumplir con sus poderes y esta imposibilidad es reconocida por el General Cortés, el sucesor del Príncipe, si es mayor de edad, aceptará inmediatamente la Regencia. De no ser así, se seguirá lo dispuesto en el artículo anterior hasta que el Príncipe alcance la mayoría de edad (Rogerdarlington.me.uk de 2017).
Sistema judicial
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, compuesto por 20 miembros y un presidente, que es al mismo tiempo un presidente de la Corte Suprema. Los miembros del consejo son nombrados a propuesta del Congreso y el Senado.
Doce de ellos son jueces y magistrados de diferentes niveles en la jerarquía, y los otros ocho son abogados que tienen más de 15 años de ejercicio profesional. Los miembros de la junta son nombrados por un período de 5 años y no pueden ser reelegidos excepto por el presidente.
Aunque este es el órgano rector del poder judicial, el Consejo General del Poder Judicial no forma parte del sistema de los tribunales, y sus funciones son principalmente administrativas o administrativas. Elige jueces y magistrados, proporciona su formación, impone sanciones disciplinarias, toma decisiones para ascender, rebajar y destituir de su cargo. Además, el Consejo desempeña funciones relacionadas con la organización interna de los tribunales, las inspecciones y la información estadística, y está obligado a informar al gobierno de cualquier ley relacionada con la organización del poder judicial, las normas procesales relativas a los derechos humanos fundamentales o las disposiciones en el ámbito del derecho penal y los lugares de prisión (Rogerdarlington.me.uk, 2017).
En determinados casos, el Consejo General del Poder Judicial podrá delegar sus competencias en las Cámaras de Comercio. Dichas salas de gestión se encuentran en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y todos los tribunales superiores. Por último, pero no menos importante, hay consejos de jueces y jueces superiores en cada condado que tienen funciones organizativas en el condado.
Los tribunales en España se dividen en cinco jurisdicciones diferentes: civil, penal, administrativa, laboral y militar. Cada una de estas jurisdicciones tiene su propia estructura organizativa. El primer nivel son los Juzgados de Paz. Hay un tribunal milagroso en cada municipio donde no hay un tribunal de investigación. Los tribunales de paz se ocupan de los casos de delitos menores que no son particularmente importantes.